Los trabajadores sociales denuncian que la reforma de la Administración Local permitirá privatizar los servicios sociales de atención primaria.

Los trabajadores sociales denuncian que la reforma de la Administración Local permitirá privatizar los servicios sociales de atención primaria

• El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) advierte de que la gestión privada de los recursos pone en jaque el principio de universalidad de las prestaciones y dejará aún más desprotegidas a las familias.
• La reforma asfixia de forma encubierta a la red de prestaciones.
• Aunque quieran, los ayuntamientos no podrán ayudar a sus vecinos más vulnerables.

Madrid, 4 de abril de 2013. El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) advierte de que la reforma de la Administración Local potencia la privatización de la gestión de los servicios sociales de base, lo que supondrá que millones de familias pierdan sus derechos ciudadanos. El Consejo, que representa a unos 40.000 trabajadores sociales, repartidos en 37 colegios, alerta de la preocupación creciente entre la profesión por la desprotección de las familias que derivará de la eliminación de competencias municipales en servicios sociales.

Hasta ahora, era privada la prestación de determinados servicios, de algunos programas, en función de cada ayuntamiento. La reforma potencia la gestión privada integral, con el argumento de la prioridad de criterios económicos y la sostenibilidad. No obstante, no determina de qué criterios se trata. “Todos sabemos que lo privado no tiene por qué ser más barato que lo público, como se ha demostrado con el sistema sanitario”, advierte la presidenta del CGTS, Ana Lima.

Lima insiste en que el acceso a los derechos sociales quedará supeditado a los intereses de las empresas. Según explica, el diagnostico social que hace el trabajador social en la red básica municipal es una resolución técnica que da acceso a los derechos sociales. “Por tanto, el profesional tiene que mantener un criterio de independencia, que sólo puede dar su código deontológico y la administración pública”, añade Lima. “Los trabajadores sociales, profesionales de referencia de los servicios sociales municipales, nunca podrían trabajar para servicios privatizados”, asegura.

La reforma elimina el concepto integral de servicios sociales, que se ha trabajado en los últimos 30 años desde los ayuntamientos. Estas unidades están destinadas a conseguir que se haga prevención, promoción y sensibilización con determinadas necesidades específicas, como familia, infancia y adolescencia, igualdad de oportunidades, violencia de género, personas mayores, personas con discapacidad, promoción de la autonomía personal, etc. Los planes del Gobierno también pasan por eliminar la posibilidad de atención a colectivos específicos desde los servicios sociales.

Lima insiste en que la reforma acabará con uno de los valores más destacados de la red municipal de servicios sociales, que es la proximidad con las familias. “La ciudadanía va a la puerta del alcalde cuando tiene un problema, no va a la diputación ni a las comunidades autónomas. Esta reforma es un ataque contra la autonomía y la soberanía local. Aunque el ayuntamiento quisiera atender a un vecino, no podrá. Va a poder construir un puente pero no atender a sus vecinos. ¿Dónde quedan las personas?”, recalca Ana Lima.

Por otra parte, la reforma supondrá la eliminación de servicios. La administración pública tradicionalmente ha financiado los servicios sociales municipales desde tres ámbitos, a través del llamado Plan Concertado: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A la reforma de la Administración Local, que elimina de este escenario a los ayuntamientos, se suma la salida del Estado, ya que el Gobierno ha anunciado que en 2014 dejará de financiar el Plan Concertado. “Dejan en el campo sólo a un jugador, que es la comunidad autónoma. Si a las autonomías, que ya tienen déficit, le quitan las otras dos partes de financiación, no van a mantener lo que ya existe, en un momento en que los servicios sociales somos más necesarios que nunca”, denuncia Ana Lima.

El Consejo y los Colegios Profesionales del Trabajo Social celebrarán el sábado una Asamblea General para analizar el alcance de la reforma, desde la perspectiva de cada territorio. La organización colegial aprobará un documento conjunto argumentando desde el punto de vista social y jurídico su rechazo a la reforma.